Uno tras otro, los estados han cambiado su color en el mapa de México. El verde del “sí” al aborto ha teñido a 11 de los 32 de todo el país y, desde sus respectivos frentes, organizaciones a favor y en contra de la interrupción legal del embarazo siguen dando la batalla.
Recientemente el gobierno federal publicó lineamientos que definen los criterios básicos de atención para acceder a la práctica y Quintana Roo le abrió el camino al derecho a decidir, pero la letra impresa es sólo un peldaño en la escalera.
Oaxaca fue el segundo estado mexicano en despenalizar el aborto y en septiembre celebró tres años de aquel logro. Sin embargo, el panorama actual muestra que a las modificaciones en el marco legal debe sumarse un entramado estatal que difunda información sobre los alcances de la legalización, capacitación del personal médico, pautas que clarifiquen el procedimiento y presupuesto que garantice insumos.
“Además de ser reconocido como un derecho, los Estados tienen la obligación de generar las condiciones para que las mujeres y personas gestantes puedan ejercerlo”, explicó a The Associated Press Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.
Aquí el panorama del aborto es distinto al de otras naciones como Colombia o Argentina, que recientemente lo despenalizaron. México es una república federal, lo que implica que cada estado cuenta con sus propios códigos penales para regular sus delitos. Por ello, se asemeja más al escenario estadounidense: cuando el fallo de Roe vs. Wade cayó en junio, se perdió la protección constitucional que blindaba el aborto a nivel federal y cada estado asumió la autoridad de prohibirlo o permitirlo.
En México la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas en nueve de los 32 estados -Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Colima, Baja California, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo- y hasta las 13 semanas en Sinaloa. Además, un fallo de la Suprema Corte prohíbe que se criminalice a mujeres que aborten en Coahuila y otros estados contemplan algunas causales: se permite en todo el territorio si el embarazo es producto de una violación y en algunos sitios cuando peligra la vida de la madre.
Para que el aborto gane alcance nacional no sólo resta transformar una veintena de legislaciones estatales y sensibilizar a una población mayoritariamente católica, sino encarar la multiculturalidad. Según cifras oficiales, casi una cuarta parte de la población es indígena y en el territorio se hablan 68 lenguas originarias. Esta cuestión no sólo se vuelve relevante por la disparidad de percepciones sobre el tema, sino por el desafío de lograr que sus atributos culturales y lingüísticos se integren a la conversación.
Mano Vuelta A.C. es una organización que surgió para atender esa necesidad en Oaxaca. Integrada por mujeres indígenas y afromexicanas, trabaja desde una perspectiva de género, intercultural y antirracista y la difusión de información sobre derechos sexuales y reproductivos se hace en lenguas originarias. De acuerdo con un monitoreo propio, nueve de cada 10 oaxaqueñas desconocen que el aborto es legal, sólo 35% de las unidades de salud cuentan con servicios de traductor y no hay información sobre el aborto en lenguas originarias.
Sólo en Oaxaca hay otras organizaciones que trabajan para divulgar información sobre derechos sexuales y reproductivos. En 2020 Mexfam comenzó una iniciativa para crear una red de médicos a la que habitantes de los valles centrales pudieran acudir. Alina Gutiérrez, colaboradora del proyecto, relató que este esfuerzo consistió en tocar las puertas de consultorios para sensibilizar a doctores y ofrecerles tanto capacitación como medicamentos gratuitos para quienes deseen abortar. Al inicio fue complejo, pero poco a poco lograron dar con más expertos dispuestos a informarse. “Hubo otros que de plano dijeron ‘no, no vamos a matar bebés’”, aseguró.
A estos grupos se suman otras figuras clave en la avanzada del derecho a decidir: las acompañantes, llamadas así porque construyen puentes para las mujeres a las que el Estado les soltó la mano en vez de garantizarles facilidades para abortar. Algunas forman parte de colectivas -sí, en femenino- y otras brindan apoyo de manera independiente. Todas trabajan con el teléfono y el corazón en la mano para recibir los mensajes y llamadas de quienes desean interrumpir su embarazo y no saben por dónde empezar o fueron maltratadas en las clínicas públicas. En días pasados, varias voces relataron sus experiencias a AP.
El apoyo de estas redes ha sido tan fundamental para cimentar vías de acceso al aborto que desde la caída del fallo de Roe vs Wade varias colectivas mexicanas han asesorado a las estadounidenses.
“Lo que estamos logrando es un trabajo binacional que ya se hacía en algunas situaciones, por ejemplo, en el contexto migratorio, pero que ahora estamos viendo en derechos sexuales y reproductivos”, explicó a AP Tania Turner, directora de Fondo Semillas, una organización enfocada en conectar a activistas que defienden los derechos de la mujer.
Turner destacó que los altibajos como los que han ocurrido en Estados Unidos en materia de aborto no son inusuales. “Los avances no van a ser lineales, como si fuera una cronología perfecta. En las luchas sociales hay idas y regresos”. Por lo mismo, la experiencia ganada ha sido notable y si bien hubo una época en la que la Ciudad de México compartió el contexto adverso de Oaxaca, ahora se puede abortar sin demasiados traspiés.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado pronunciarse abiertamente sobre el tema, pero su administración ha respaldado el derecho a decidir. Muestra de ello son los lineamientos publicados recientemente por la Secretaría de Salud y el fallo de la Corte sobre Coahuila.
“A diferencia de lo que está sucediendo en Estados Unidos, la Suprema Corte tuvo dos pronunciamientos de avanzada el año pasado”, explicó la experta de Amnistía Internacional. “Éstos están permitiendo acelerar el cambio a nivel nacional y las entidades que no han despenalizado el aborto están en falta. Esos Congresos (estatales) tienen la obligación de alinearse al señalamiento de la Corte, que indica que penalizar el aborto es una violación de derechos humanos”.
En la otra cara de la moneda, la Iglesia católica y grupos que rechazan el aborto toman diversas acciones. En octubre se realizó el Congreso Mundial de las Familias, que entre otras cosas abordó la maternidad como el “terreno sagrado” de la humanidad, y a los pocos días se llevó a cabo una marcha en favor de la mujer y la vida. Los organizadores aseguraron que participaron más de un millón de personas.
El arzobispo Carlos Aguiar Retes ha defendido que el derecho a decidir no puede anteponerse al derecho a la vida y grupos como el Frente Nacional por la Familia integran sus propias redes para ofrecer respaldo económico y psicológico a mujeres que no están seguras de querer abortar pero no cuentan con recursos o apoyo para llevar adelante su embarazo.
Rebeca Ramos, directora GIRE, una organización feminista que apoya los derechos reproductivos, recordó que cuando la Ciudad de México despenalizó el aborto en 2007 hubo grupos que se movilizaron hasta el ámbito político y lograron que varios estados modificaran sus constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción.
“Siguen existiendo organizaciones que tienen muchos recursos de diferente índole y la gran lección que debemos tener en México y en la región viene de lo que está pasando en Estados Unidos”, explicó. “Por más que avancemos con pasos firmes, los grupos que están en contra podrían avanzar en sus objetivos y eventualmente revertir esto que hemos ganado”.
De ahí la prioridad que GIRE le da a la difusión de información que permita romper el estigma que existe en torno del aborto y mostrar que hay contextos que vuelven el procedimiento necesario.
«Los derechos reproductivos no están garantizados», sostuvo.
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