El Consejo de Seguridad de la ONU someterá a votación el lunes una resolución que autoriza el despliegue de una fuerza internacional en Haití durante un año para ayudar a frenar la violencia de las pandillas y restaurar la seguridad, a fin de que la nación caribeña pueda realizar unas elecciones presidenciales largamente postergadas.
La resolución redactada por Estados Unidos y obtenida por The Associated Press el sábado acepta la oferta de Kenia de encabezar la fuerza de seguridad multinacional. Deja también en claro que se trata de una fuerza ajena a Naciones Unidas y financiada por medio de contribuciones voluntarias.
La resolución autoriza la fuerza por un año y será evaluada después de nueve meses.
A la fuerza se le permitirá brindar apoyo operativo a la Policía Nacional de Haití, que carece de fondos y recursos suficientes, con sólo unos 10.000 agentes activos para un país de más de 11 millones de habitantes.
De acuerdo con la resolución, la fuerza ayudará a desarrollar la capacidad de la policía local “a través de la planificación y realización de operaciones conjuntas de apoyo a la seguridad mientras trabaja para contrarrestar a las pandillas y mejorar las condiciones de seguridad en Haití”.
La fuerza también ayudará a proteger “sitios de infraestructura crucial y puntos de tránsito como el aeropuerto, puertos marítimos e intersecciones clave”.
La resolución autoriza a la fuerza a “adoptar medidas temporales urgentes con carácter excepcional” para evitar la pérdida de vidas y ayudar a la policía a mantener la seguridad pública.
La resolución requerirá que los líderes de la misión informen al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los objetivos de la misión, las reglas de compromiso, las necesidades financieras y otros asuntos antes de un despliegue completo de fuerzas.
De ser aprobada, será la primera vez que se despliega una fuerza en Haití desde que Naciones Unidas aprobó una misión de estabilización en junio de 2004 que se vio empañada por un escándalo de abusos sexuales y la propagación del cólera. Esa misión culminó en octubre de 2017.
Las preocupaciones también giran en torno a la propuesta misión encabezada por Kenia, y los detractores señalan que la policía del país de África Oriental ha sido acusada desde hace mucho tiempo de cometer actos de tortura, fuerza letal y otros abusos.
La resolución subraya que todos aquellos que participan en la misión propuesta deben tomar las medidas necesarias para prevenir la explotación y el abuso sexuales, así como investigar los antecedentes de todo el personal. También exige pesquisas inmediatas ante acusaciones de mala conducta.
La resolución advierte además que quienes participan en la misión deben adoptar medidas de gestión de aguas residuales y otros controles ambientales con el fin de prevenir la introducción y propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera.
De momento se desconoce la extensión de la fuerza en caso de que sea aprobada, si bien el gobierno de Kenia propuso previamente enviar 1.000 agentes de policía. Jamaica, las Bahamas y Antigua y Barbuda también se han comprometido a enviar personal.
El mes pasado, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a proporcionar logística y 100 millones de dólares para apoyar una fuerza encabezada por Kenia.
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