El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos durante su gobierno (1990-2000), volvió el miércoles a pedir su liberación a un juez al apelar a una decisión de febrero que le negó un hábeas corpus para salir de prisión.
El pedido de Fujimori, de 85 años, se realiza pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos frenó en 2022 la liberación a favor del expresidente ordenada por el Tribunal Constitucional. La decisión del tribunal fue ampliamente cuestionada a nivel local e internacional.
«Me considero primero totalmente inocente de esta condena de supuesto secuestro agravado y crimen por autoría inmediata. Considero que el indulto ha sido debidamente sustentado y que mi enfermedad se ha ido intensificando con el tiempo”, dijo Fujimori desde la cárcel en una sesión virtual en la que se lo veía sentado hablando con una cánula nasal en el rostro.
En una decisión inédita en 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por ser el autor intelectual de 25 asesinatos ejecutados por un escuadrón clandestino de militares en dos matanzas ocurridas durante su mandato (1990-2000). Los militares mataban con impunidad y con el apoyo de su gestión en el marco de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Además de la sentencia a 25 años, el expresidente está condenado en otros tres casos de corrupción por los cuales debe 13,6 millones de dólares.
La Corte IDH indicó en 2022 que la decisión del Tribunal Constitucional local no efectuó un contrapeso que tomara en cuenta la afectación que tiene el indulto por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. “Ni siquiera hace la más mínima referencia a las graves violaciones a derechos humanos por las que fue condenado Fujimori”, añadió la Corte IDH.
Por eso el organismo ordenó a Perú “abstenerse” de liberar a Fujimori cuya condena recién finaliza el 18 de noviembre de 2032 cuando tenga 95 años.
Una de las matanzas ocurrió en una zona llamada Barrios Altos -donde fueron asesinados 15 vecinos durante una fiesta, incluido un niño de 8 años- y la otra en La Cantuta, una universidad que forma maestros de escuela, en la que murieron nueve estudiantes y un catedrático.
La Corte IDH también indicó que Fujimori se encuentra “monitorizado constantemente” y recibe tratamiento en medicina intensiva, geriatría, cardiología, neumología, gastroenterología y que se están haciendo gestiones para tratarlo en medicina física y rehabilitación.
Perú y otros 22 países de la región reconocen a la Corte IDH como su máximo tribunal en derechos humanos, incluso por encima de sus más elevadas instituciones judiciales.
