Migrantes que quieren ir a Estados Unidos acusan a México de engañarlos e impedirles avanzar y, a la par, Estados Unidos culpa también al país por el repunte en diciembre de cruces irregulares en la frontera.
El gobierno mexicano resultó señalado el lunes por ambos lados, ante la reanudación de una caravana de cerca de 2.000 extranjeros al sur de México para avanzar hacia el norte, mientras el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, atribuyó el aumento de la migración de finales de año a la falta de fondos de las autoridades mexicanas.
Según dijo Mayorkas en una visita a Eagle Pass, Texas, en la frontera entre ambos países, el repunte de cruces irregulares de diciembre se debió a que la agencia migratoria mexicana no hizo su trabajo por falta de fondos y canceló todos los traslados y devoluciones.
Pero la situación parece haber mejorado. La media diaria de cruces ilegales desde México pasó de 10.000 a 2.500 los primeros días de enero pero el funcionario estadounidense dijo que todavía es pronto para saber si se debe a que México ha reactivado sus operaciones de traslado de migrantes del norte al sur del país y las repatriaciones o si el descenso se debe a la temporada del año.
«Muy bien puede ser una combinación de ambas cosas”, afirmó Mayorkas.
Sus comentarios llegaron el mismo día en que unos 2.000 migrantes se reagruparon de nuevo al sur de México para avanzar caminando hacia el norte.
El grupo, que representa solo una mínima parte de los migrantes que diariamente cruzan México pero su avance siempre acapara la mirada de autoridades y medios, acusó al gobierno mexicano de haberles engañado y no entregarles documentación para transitar libremente por el país después de que a inicios de enero aceptaran disolver una masiva caravana ante la expectativa de conseguir regularizar su situación.
“Si las autoridades mexicanas cumplen con sus compromisos, muchos de esos individuos no llegarán” a la frontera con Estados Unidos, indicó Mayorkas.
Los migrantes se convocaron en Arriaga, a 250 kilómetros de Tapachula —ciudad cercana a la frontera con Guatemala—, cuando se dieron cuenta de que sus documentos no les permitían salir del estado de Chiapas. Arriaga, a donde llegaron en distintos tipos de transporte público, es la última localidad de esa carretera antes de salir del estado de Chiapas hacia Oaxaca.
“Migración nos mintió, prometió algo cuando no lo cumplió, sólo quiso deshacer el grupo, pero se equivocaron porque aquí estamos todos y vamos a caminar”, expresó la salvadoreña Rosa Vázquez, en alusión a la caravana inicial que salió el día de Nochebuena de Tapachula con unas 6.000 personas, en vísperas de un encuentro de alto nivel entre México y Estados Unidos donde se pactaron nuevas medidas para controlar el creciente flujo migratorio que vive la región.
La caravana caminó unos 100 kilómetros durante poco más de una semana hasta Mapastepec, todavía en el estado de Chiapas, pero se disolvió el 2 de enero cuando los extranjeros accedieron voluntariamente a ser trasladados a distintas instalaciones migratorias para alojarse y procesar sus casos, explicó entonces Roberto González López, jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas.
El funcionario no dejó claro qué tipo de trámite se haría pero sí dijo que no habría entregas inmediatas de visas humanitarias ni de documentos migratorios que permiten el tránsito por todo el país, como ocurrió con otras caravanas.
Sin embargo, los migrantes confiaron en que así fuera y que con los nuevos papeles pudieran seguir rumbo al norte.
Vázquez fue llevada por agentes migratorios a un albergue en Huixtla pero aseguró que únicamente le dieron un documento para moverse por Chiapas, un estado copado de migrantes y donde escasean las oportunidades de trabajo para los extranjeros mientras esperan regularizar su situación. Por eso muchos prefieren no quedarse ahí.
Coritza Matamoros, de Honduras, accedió a ser trasladada junto con su esposo y dos hijos en autobuses de migración porque creyó que sería llevada a la Ciudad de México y que le otorgarían algún documento de regularización.
“Nos hicieron creer que nos iban a dar para llegar a Ciudad de México y fue un engaño, cuando llegamos al albergue… nos hicieron firmar papeles a fuerza”, aseguró.
El activista Luis García Villagrán, que acompaña al grupo, dijo que hubo un acuerdo formal con el Instituto Nacional de Migración para regularizar la situación de las familias y grupos vulnerables.
Según denunció, lo que sí hubo fue separación de familias por distintas instituciones del sureste mexicano “y eso causó graves problemas” porque algunos migrantes no saben dónde se encuentran algunos de sus parientes. Por eso, pidió investigar “actos ilegales” en el tratamiento de los migrantes y que sean sancionados los funcionarios que resulten responsables.
El grupo avanzó hasta Los Corazones, el primer poblado en el estado de Oaxaca, una recóndita localidad a más de 300 kilómetros de la frontera con Guatemala donde llegaron a acumularse en octubre de 2022 hasta 14.000 migrantes que eran procesados por las autoridades y a quienes les entregaron distintos documentos de estancia en México.
La región registró en 2023 un flujo migratorio sin precedentes que no pudo controlarse pese a los intentos de Estados Unidos de abrir nuevos cauces para llegar de forma legal al país, a la vez que endurecía las consecuencias de hacerlo de forma irregular.
Después de la reunión de alto nivel de finales de diciembre entre México y Estados Unidos, se reabrieron los cruces fronterizos cerrados por las autoridades estadounidenses y que dañaban fuertemente la economía mexicana y México reanudó los vuelos y traslados de autobuses del norte a la zona sur del país y los vueltos de retorno de migrantes venezolanos a Venezuela.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se había resuelto un déficit financiero que llevó a la agencia migratoria a suspender tales operaciones, pero no ofreció más detalles.
Más de medio millón de migrantes, muchos de ellos venezolanos, cruzaron este año la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. México detectó más de 680.000 extranjeros en situación irregular de enero a noviembre, según las cifras oficiales. Además, un récord de más de 140.000 personas pidieron refugio en el país en 2023.
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