Las niñas inmigrantes no acompañadas embarazadas están siendo trasladadas a entidades de EE.UU. que no tienen restricciones de aborto promulgadas recientemente, mientras los defensores de las infancias están luchando por garantizar el acceso de los detenidos en todos los ámbitos.
Las nuevas restricciones de aborto en EE.UU. han provocado que los menores inmigrantes que cruzan solos no tengan acceso a este servicio, por lo que terminan en riesgo en la frontera y en algunos refugios del Gobierno Federal donde la interrupción del embarazo está estrictamente prohibida o no existe en la legislación vigente.
En una entrevista, la subdirectora del ACLU (Proyecto de Libertad Reproductiva, por sus siglas en inglés), Brigitte Amiri, expresó que se trata de “historias de horror”. Y agregó: “No es prudente poner en peligro a una menor embarazada enviándola a algunos de estos estados con prohibiciones”.
En los últimos meses, los defensores de los derechos reproductivos solicitaron a la ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados) del HHS (Departamento de Salud y Servicios Humanos) ampliar su política sobre el acceso al aborto.
En octubre de 2021, cuando entró en vigor la prohibición del aborto hasta las seis semanas en Texas, la ORR emitió una guía de recomendaciones para la entidad, en la que insta a las autoridades a reubicar a las niñas “en la mayor medida posible” a instalaciones fuera del estado.
La guía también detalló que las niñas embarazadas no acompañadas que deseen un aborto pueden solicitar una transferencia a otro territorio para recibir el procedimiento. Cabe mencionar que este recurso solo aplica para Texas.
El aborto está completamente prohibido con algunas excepciones en Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Misisipi, Oklahoma, Dakota del Sur y Texas. En otras entidades como Florida, Georgia, Idaho, Carolina del Norte, Ohio y Tennessee, el aborto es legal pero tiene restricciones respecto a la rapidez con la que debe ejecutarse el procedimiento.
Especialistas prevén que algunos estados como Arizona, India y Iowa comiencen a aplicar leyes que prohíban la interrupción del embarazo. Algunos defensores de los derechos humanos han sugerido que se realice una guía nacional sobre procedimientos de este tipo en los refugios gubernamentales del país.
